Negocio político que desacredita la “Lava Jato”

Con el matrimonio que anunciaron ayer, Jair Bolsonaro y Sérgio Moro hicieron un negocio político mutuamente ventajoso: el primero le dio una mano más del barniz de supuesta probidad moral a su futura administración; el segundo, por fin, logra dar el salto a la política que siempre insinuó como intención en tantos de sus pasos como magistrado.

Tanto es así que muchos ya hablan de una candidatura presidencial de Moro para 2022 y el propio Luiz Inácio Lula da Silva, su “víctima” más ilustre, posteó en Twitter, sin comentarios, una portada de O Estado de São Paulo de hace dos años en la que el magistrado afirmaba que “jamás entraría en política”.

Sin embargo, nada es gratis en la vida y el precio que se paga es el del descrédito de la operación “Lava Jato”.

No puede dejar de llamar la atención que el magistrado que condenó por corrupción y mandó preso a Lula da Silva, asuma un ministerio en el Gobierno de quien llega, justamente, como producto (bastante directo) de la inhabilitación de aquel.

“Su trabajo estuvo muy bien hecho. En función del combate a la corrupción, de la operación ‘Lava Jato’, las cuestiones del ‘mensalão’, entre otros, me ayudó a crecer, políticamente hablando”, confesó el propio mandatario electo.

Aquella sentencia contra Lula, confirmada en cámara pero aún pendiente de revisión, tiene muchos aspectos discutibles, desde el carácter de Moro como juez natural hasta la vinculación entre la supuesta coima (el tríplex en Guarujá) con un acto administrativo “indeterminado” (sic), pasando por las negociaciones y presiones que dieron lugar a dos versiones distintas del empresario delator.

Es esperable que los condenados por la operación anticorrupción de Curitiba digan ahora que la misma fue, desde el comienzo, una forma de sacar de la cancha electoral al Partido de los Trabajadores, más allá de las enormes culpas que, de hecho, le caben a este. Esta alianza huele mal.

Moro siempre jugó a la política. La hoja de ruta de la “Lava Jato”, plasmada en un “paper” de 2004, sigue los lineamientos de la operación italiana “Mani Pulite” y está llena de alusiones a la filtración de noticias a “medios aliados”, a la espectacularidad de los operativos necesaria para acentuar el descrédito de la clase política y al uso de la figura del arrepentido y la prisión preventiva como herramientas judiciales de emergencia.

Cabe recordar lo que hizo en 2016, cuando Dilma Rousseff se acercaba al juicio político y pretendía nombrar a Lula en su gabinete para, supuestamente, darle fueros. Moro, entonces, divulgó una serie de escuchas entre ambos que decían bastante poco pero que, además de haber sido tomadas fuera del plazo para el que había sido autorizado, tendieron a enrarecer el clima político.

Moro fue reprendido por sus superiores por esa conducta, pero no escarmentó y menos de una semana antes de la primera vuelta del 7 de octubre sacó a la luz la delación premiada de uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Lula, Antonio Palocci.

El juez, que está a punto de saltar a la política, acepta ahora convertirse en el garante de la transparencia y del apego de Bolsonaro a la Constitución. ¿Pero qué dirá, como ministro de Justicia, del proyecto de ley que apura el futuro oficialismo para prohibir cualquier investigación de los homicidios que cometan miembros de las fuerzas de seguridad, en base a una interpretación curiosa de la presunción de inocencia? ¿Alcanzará su alineameinto para justificar las reivindicaciones presidenciales de la tortura y la dictadura? ¿Qué pensará, en tanto, del hecho de que quien será su superior, el jefe de gabinete Onyx Lorenzoni, haya admitido en mayo del año pasado que recibió 100.000 reales en negro para la campaña de 2014 de parte del gigante cárnico JBS?

Los caminos de la República son insondables.

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